JOAQUÍN MORALES SOLÁ La democracia devaluada

Los jueces de la Corte Suprema andan por la vida con un humor de perros frente a la ofensiva del oficialismo. El acoso a Julio Cobos es el peor que haya sufrido un vicepresidente de la Nación desde 1983. Los triunfos opositores en el Congreso son cuestionados por cuestionables interpretaciones jurídicas. La prensa atraviesa también el proceso de hostigamiento más grave que le haya tocado durante la nueva democracia argentina.

El gobierno de los Kirchner equivocaría el rumbo si creyera que la confianza internacional se recuperará sólo con un generoso ofrecimiento a los bonistas en default. De nada le serviría, incluso, que la Presidenta haya logrado intercambiar unas pocas palabras con el presidente norteamericano, Barack Obama. Es el método kirchnerista contra instituciones y personas, imprevisible y agresivo, lo que espolea la desconfianza dentro y fuera del país.

Aníbal Fernández no sería imputable por sus palabras; ha dado pruebas suficientes de que no puede hacerse responsable por lo que brota de sus labios. El problema surge cuando habla el jefe de Gabinete. Entonces, aquel lenguaje de orillas y de vulgaridades se convierte en un grave conflicto institucional. Es lo que sucedió cuando describió a Cobos como el jefe de una banda , que no es otra que la formada por senadores de la Nación. El jefe de Gabinete es el único funcionario del Gobierno que tiene responsabilidades políticas frente al Congreso, según la Constitución (artículo 100).

En lugar de ser un interlocutor fiable para senadores y diputados, Aníbal Fernández eligió ser un abusador serial del Congreso. Es poco probable que prospere la iniciativa parlamentaria de removerlo del cargo por esos agravios, porque sería necesaria la mayoría absoluta de ambas cámaras. Sin embargo, la decisión política de frenarlo en el Senado (que en la intimidad compartieron hasta algunos senadores oficialistas) significa en los hechos un serio límite para esos exotismos verbales. Aníbal Fernández chocó por fin con una opción y con su fatalidad: o es un funcionario de la Constitución o es un operador mediático barriobajero de los Kirchner.

Aníbal Fernández, Agustín Rossi, Miguel Pichetto, Hugo Moyano y la propia Cristina Kirchner. No quedó ni uno de los habituales voceros del kirchnerismo que no saliera a lesionar la persona del vicepresidente. Más allá de las ventajas electorales que le proporcionan a Cobos (hacen cosas que él debería agradecer), lo cierto es que la institución vicepresidencial requiere otro trato.

Un momento como el actual no se vivió ni cuando renunció Carlos "Chacho" Alvarez a la vicepresidencia en tiempos de Fernando de la Rúa. Estaba claro entonces que existía una fuerte discrepancia política entre el presidente y su vice, pero esa divergencia nunca llegó al agravio personal del vicepresidente, ni siquiera luego de que éste se fuera.

En rigor, los Kirchner fueron los únicos presidentes de la democracia que tuvieron problemas graves y expuestos con sus vicepresidentes. Primero fue con Daniel Scioli, condenado durante cuatro años a vivir a pan y agua, pena que Scioli cumplió con una paciencia que no es humana. A Cobos le empezaron a desconfiar desde el mismo día en que asumió junto con Cristina Kirchner; Cobos, que no es Scioli, les devolvió tales desplantes en la madrugada en que votó en contra de la resolución sobre las retenciones a la soja. Mátenlo a Cobos , ordena siempre Kirchner desde Olivos a sus espadachines mediáticos. Esa ofensiva llegó en los últimos días a niveles inexplorados hasta ahora. ¿Quieren que Cobos se vaya? No me iré , le aseguró Cobos el viernes a LA NACION.

¿Qué hizo Cobos ahora? Acató la votación perdidosa para el Gobierno sobre la nueva coparticipación del impuesto al cheque. El Gobierno aduce que se necesitaba una mayoría especial porque se trata de un impuesto. No es cierto. La Constitución protege a los ciudadanos de nuevos impuestos, pero no a los gobiernos que perdieron la mayoría parlamentaria. No se estaba creando un nuevo impuesto, sino distribuyendo de otra manera, dentro del Estado, un impuesto que ya existe, que no fue modificado y que no tiene fines específicos. No cambió nada para los ciudadanos.

El radical Ernesto Sanz sintetizó de esta manera el conflicto en el Senado: No quieren aceptar que perdieron. Punto. Sin embargo, una estrategia política se esconde detrás del escándalo construido por el kirchnerismo. Consiste en crear las condiciones para que el seguro veto de Cristina Kirchner a esa ley sea interpretado como una impugnación a su legalidad y no como una resistencia a darles más plata a las provincias (que es lo que realmente es).

Desde ya, sería mejor que la ley no fuera ley, pero para eso Eduardo Fellner debería frenar el trámite del proyecto sobre el impuesto al cheque en la Cámara de Diputados. Difícil que Fellner haga eso; acaba de comprometerse a ser el presidente de todos los diputados y su cargo está en riesgo. Un antecedente importante fue el resultado de la votación que rechazó en Diputados el decreto de necesidad y urgencia sobre las reservas. Hubo una diferencia de 50 votos a favor de los bloques opositores. Así eran los resultados que obtenía Kirchner, aunque a favor de él, cuando controlaba el Congreso con sólo mirarlo.

Los conflictos provinciales del peronismo, enfrascado ya en la disputa electoral del año próximo, seguirán dándole malas novedades al Gobierno en el Senado. El gobierno pagó el precio de acordar con Carlos Menem, pero senadores propios se borraron oportunamente y el oficialismo se quedó sin votos clave. El arreglo con Menem consiste en que nadie impugnará nunca su condición de miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, lugar que el ex presidente necesita ante la posibilidad de que la Justicia reclame su desafuero. El Gobierno prometió también ayudarlo en lo que puede (que es poco) en sus muchos pleitos con la Justicia. No es mucho, en efecto, pero la alternativa que tiene Menem es aún peor: la intemperie y la nada.

Dicen que la Presidenta se enojó con Carlos Kunkel porque éste lo zamarreó por su edad a Carlos Fayt. Pocos días después una enorme marcha montada con la logística del kirchnerismo fue a la sede de la Corte Suprema de Justicia para presionar al tribunal por la ley de medios. Hebe de Bonafini, aliada jamás desautorizada por el kirchnerismo, arremetió con su boca injusta contra todo el tribunal. ¿Habrá creído Fayt en aquellas disculpas de Cristina? Probablemente, no. Toda la Justicia, incluidos sus estamentos intermedios, se considera en el centro de una dura ofensiva oficial, que incluye amenazas y desaires a los jueces y a la Corte Suprema.

Pocas veces el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, se pronunció con tanta franqueza como lo hizo contra el proyecto del diputado Alejandro Rossi para someter a los jueces a exámenes periódicos. Uno de los escasos méritos del kirchnerismo (haber nombrado una Corte Suprema prestigiosa y honesta) lo está perdiendo por exceso de sinceridad: se arrepintió de lo que hizo.

Kunkel sigue, mientras tanto, edificando una Justicia hecha a medida: una asesora suya en el Consejo de la Magistratura, Ingrid Jorgensen, podría ser designada en los próximos días camarista en el fuero Contencioso Administrativo. ¿No debería el Consejo de la Magistratura excusarse de nombrar a sus propios empleados en relevantes cargos de la Justicia? Otro de los candidatos de Kunkel para ese crucial fuero es Alberto Lugones, impugnado por falta de idoneidad ante el Consejo de la Magistratura.

El trato a la prensa en la Argentina sólo es comparable con lo que sucede en Venezuela, Ecuador y Bolivia. El insano destrato a los medios periodísticos se está convirtiendo en una persecución personal a periodistas de carne y hueso, mediante el método nazi del escrache y la descalificación. Es la prensa en general, entonces, la víctima de un creciente autoritarismo.

La presión a las instituciones de la democracia, incluida la prensa, es un penoso antecedente para un gobierno que se ufana de la "reinserción internacional". Los países necesitan, cuando no tienen muchas otras cosas, autoridad moral ante el mundo y la Argentina carece de ella. Pero es probable que lo peor esté por venir: la persecución al periodismo, tal como está planteada, terminará mal y con lamentaciones que llegarán cuando ya sea definitivamente tarde.