MARIANO GRONDONA El caso de los senadores zigzagueantes

Al denunciar que el Gobierno anda de shopping por el Senado, Felipe Solá provocó tal revuelo que tuvo que aclarar el alcance de sus dichos. La palabra "corrupción" aleteaba, por supuesto, en torno de la acusación del jefe de la bancada de diputados del Peronismo Federal, pero la corrupción, como se sabe, es un delito por definición "sigiloso", ya que nadie firma recibos por la venta presunta de sus votos en el Congreso, siendo el Senado el ámbito que concentra más sospechas porque es en él donde rige el empate entre el oficialismo y la oposición, en tanto que en la Cámara de Diputados, por haber quedado el Gobierno en franca minoría, se apagan las dudas. El ejercicio de la democracia funciona sin trabas cuando, ya sea en las cámaras o en las urnas, una distancia apreciable entre los rivales disipa toda incertidumbre, pero puede volverse borroso, contencioso, hasta sospechoso, cuando esa distancia se minimiza.

¿Qué quiso decir entonces Solá? No que le "consta" la compra de votos en el Senado, ya que ella sería muy difícil de probar, pero sí que algunos senadores tendrían que aclarar el enigmático sentido de sus votos zigzagueantes , que a veces favorecen a Kirchner y a veces lo contradicen. El Diccionario definezigzag como un camino quebrado que oscila bruscamente entre dos líneas paralelas. Una de las líneas paralelas sería en este caso la lealtad al Gobierno y la otra, el encolumnamiento con la oposición. La mayoría de los senadores se ha instalado de forma estable en alguna de estas dos opciones antagónicas, lo cual excluye al menos en estas circunstancias la sospecha de corrupción, pero éste no es el caso cuando pasamos a examinar la conducta de los senadores zigzagueantes.

Este grupo ambiguo, ambivalente, está integrado por siete senadores: Carlos Menem, justicialista por La Rioja; Roxana Latorre, justicialista por Santa Fe; Carlos Verna y María de los Angeles Higonet, justicialistas por La Pampa; Horacio Lores, del Movimiento Popular Neuquino, por la provincia de Neuquén y María José Bongiorno, de la Alianza Frente para la Victoria, por Río Negro. A estos seis habría que sumarles un senador por Tierra del Fuego porque a uno de ellos le dijo la senadora Hilda González de Duhalde, en pleno recinto, "Vos no estás limpio", y no obtuvo de él la respuesta indignada que cabía esperar, sino, apenas, un incómodo silencio.

También debe tenerse en cuenta la distinción que propuso Solá en materia de migraciones políticas, ya que aquellos que han viajado del oficialismo a la oposición debieron afrontar el costo de perder el calor oficial mientras aquellos que han emigrado de la oposición al oficialismo podrían haberse beneficiado con algunas de las dádivas sin cuento que brotan de la "caja" kirchnerista. Siempre se discute en los casos de corrupción qué vino primero, si el "huevo" de la oferta corruptora o la "gallina" de su aceptación. "Apretar" a otro para obtener de él un gesto favorable se llama "extorsión". Pero en todos los casos de corrupción hacen falta dos para bailar el tango. Este es uno de los rasgos más inquietantes de este vicio porque, arrastrando primero al exorsionado dentro círculo de lo inadmisible, después lo invita a convertirse de extorsionado en extorsionador. La red de los comportamientos corruptos, de este modo, no cesa de ampliarse hasta que alarma a la sociedad cuando se transforma en epidemia.

El zigzagueo parlamentario es diferente de la pura y simple emigración política hacia el Gobierno porque ésta se produce de golpe y, por resultar notoria, facilita un escarnio público como el que azotó al diputado Ricardo Lorenzo Borocotó cuando se pasó con armas y bagajes de Pro al Gobierno a pocos días de su elección, lo que generó, de este modo, un nefasto neologismo: la borocotización . Los parlamentarios zigzagueantes nunca se definen, al contrario, en forma definitiva, en el mejor de los casos porque todavía lidian con su conciencia y en el peor de los casos porque encuentran que es más rentable alquilar sus votos que venderlos.

Lo mejor sería, por supuesto, que las sospechas de corrupción que lanzó a volar Solá fueran investigadas, una por una, por un juez competente y confiable. Si tuviéramos una justicia absolutamente confiable, más allá de casos como aquellos que han hecho lamentablemente famoso al juez Oyarbide, el sistema político argentino se consolidaría. ¿Será posible alcanzar esta altura mediante medidas que aún detiene el Senado "empatado", como la reforma del Consejo de la Magistratura?

Mientras esto no ocurra, queda todavía lo que constituye el reclamo de fondo detrás de la ya famosa frase de Solá: que la ciudadanía pueda hacer un estricto seguimiento de los votos senatoriales, si no es para comprobar los casos de corrupción, al menos para detectar los casos de inconsistencia, de zigzagueo, en aquellos pronunciamientos senatoriales que no guardan entre ellos una relación lógica. Es común, en las democracias maduras, que se lleve un registro público de cómo vota cada legislador para que, allí donde se advierta una conducta inconsistente, el parlamentario sospechoso deba dar cuenta de sus variaciones. Es que cada uno de ellos obtuvo su banca como miembro de un partido. Por eso lo votaron. Lo menos que se le puede pedir, entonces, es que, si la conducta posterior a su elección no guarda relación con su militancia anterior, la carga de la prueba de su conducta pretendidamente inocente recaiga, precisamente, sobre él, ya que, como en el caso del enriquecimiento ilícito, no corresponde a la ciudadanía, sino al propio imputado, esgrimir los argumentos que necesitaría para rescatar la rectitud de sus motivaciones.

Si trazáramos una escala moral de los comportamientos políticos, a su tope tendría que figurar la consistencia entre lo que se proclama y cómo se vota, y en su sótano quedaría, naturalmente, la venta de votos en pos del enriquecimiento personal, sobre la cual flotaría en tal caso la grave advertencia que lanzó el columnista Walter Lippmann, cuando se preguntó si la motivación de muchos políticos, en el caso de que no los inspire el amor a la patria, no podría ser simplemente obtener en la vida pública los beneficios personales que no les prometía la vida privada.

Entre la azotea y el sótano de los comportamientos morales, ¿cabe alguna estación intermedia? La pregunta se plantea cuando advertimos que muchos legisladores y gobernadores han justificado a veces su conducta zigzagueante, no para beneficiarse, sino para beneficiar a su provincia, a la que intentarían "salvar" de este modo de la despìadada extorsión kirchnerista. Este fue el caso cuando Ricardo Colombi, una vez electo por la oposición gobernador de Corrientes, entró a zigzaguear en dirección del gobierno nacional, presuntamente para evitarle a su provincia la ruina inminente de la desfinanciación. Si una conducta como esta no resulta en el enriquecimiento personal del funcionario electo, sino en el alivio fiscal de su distrito, ¿sería éticamente tolerable? ¿Nos hallaríamos aquí ya no ante el pecado mortal del enriquecimiento ilícito, sino ante un pecado venial que correspondería en el fondo a un estado de necesidad? Son numerosos los casos en los cuales los políticos locales obtienen, a cambio del zigzagueo, un beneficio tangible para sus coterráneos. La responsabilidad principal en casos como éstos recae por supuesto en el gobierno nacional. Pero frente a sus exacciones, aquellos políticos locales que incurren en el zigzag, ¿debieran ser tenidos como víctimas o, más bien, como cómplices ?