Joaquín Morales Solá Operaciones y jueces en medio de la campaña
Un juez está dictando delante de los periodistas los sucesos de una investigación que afectaría a un adversario del Gobierno. Una jueza deslizó que otro juez mandó robarle un expediente de su despacho e insinuó, al mismo tiempo, que el Gobierno estaría buscando presionarla con el juicio político. En un caso se persigue al más importante competidor electoral de Néstor Kirchner. El otro asunto roza al empresario del juego Cristóbal López, uno de los hombres de negocios más íntimos de los Kirchner.
Raros condimentos electorales. Hay jueces que hablan como dirigentes políticos. Hay políticos que son arrastrados a los tribunales para dirimir una elección. El pastor evangélico en el que se ha convertido Néstor Kirchner en sus momentos discursivos, para borrar la imagen de hombre pendenciero que la sociedad rechaza, está detrás de aquella ofensiva judicial para hostigar a los enemigos y proteger a los amigos del poder.
Federico Faggionato Márquez tiene numerosos pedidos de juicio político en el Consejo de la Magistratura, pero no es un iletrado. Es el magistrado que investiga a Francisco de Narváez, porque se detectó que de un celular de su empresa, en poder de un empleado suyo, se hicieron o se recibieron tres llamadas telefónicas hace tres años al "rey de la efedrina", Mario Segovia. Ningún juez con tantos años en el cargo puede ignorar que lo que está haciendo (informa, opina y evalúa públicamente las alternativas de la investigación) lo colocan a un paso de la recusación.
Como sus palabras siempre afectan a De Narváez, puede inferirse que lo que está haciendo, aun con el riesgo de su recusación, es otro favor al Gobierno.
De Narváez, el candidato que podría tumbar personalmente a Kirchner el 28 de junio, asegura que el 30 de abril último hubo una reunión entre Faggionato Márquez y la diputada Diana Conti, una ultrakirchnerista que espolea o aquieta a los jueces desde el Consejo de la Magistratura. Nadie puede saber qué pasó en esa hermética reunión. Pero es cierto que Fagginato Márquez estaba citado por el Consejo para el 15 de mayo por uno de los innumerables pedidos de juicio político en su contra. Conti era su perseguidora más acérrima. La citación del juez fue postergada y no declaró ante el Consejo.
El interés político estuvo siempre por encima de la investigación judicial en el caso que involucra a De Narváez. Aquellas llamadas con el traficante Segovia fueron informadas mediante comunicado público por la Aduana argentina, un feudo directo de Kirchner. Si fuera cierto que hubo una vinculación delictiva en esas conversaciones telefónicas, ¿por qué no se preservó el secreto de la investigación antes de arruinar la pesquisa haciendo públicas las llamadas?
En rigor, en 2006, cuando se hicieron aquellas llamadas, Segovia estaba siendo investigado sólo por contrabando de CD. La efedrina vino mucho después. El juez que lleva adelante el caso de los CD, Berón de Astrada, deslizó en tribunales que era absurdo perseguir a una persona por tres llamadas que hizo o recibió de un hombre desconocido entonces. Pero apareció Faggionato Márquez, que tiene a su cargo el caso de la efedrina. Citó en el acto a De Narváez, que declaró por escrito.
El controvertido juez paseó luego por todos los micrófonos y grabadores del periodismo diciendo dos cosas: opinó que el candidato opositor "no zafará así no más" y evaluó como "vaga" la declaración escrita de De Narváez. El prejuzgamiento (que es lo que hizo cuando describió lo que pasaría con la causa) es un motivo de recusación inmediata de cualquier magistrado.
Para colmo, ahora el juez ya no inquiere sobre llamadas "emitidas", que es lo que estaba haciendo, sino sobre llamadas "recibidas", que amplía aún más la presunción de inocencia de quien usaba el teléfono de De Narváez. ¿Quién puede controlar las llamadas que recibe? El candidato opositor ya no sabe, incluso, si esas llamadas fueron "plantadas"; es decir, si se hicieron para inculparlo. Operación mafiosa , calificó el hecho, con honestidad intelectual, Elisa Carrió, contrincante de De Narváez.
María Servini de Cubría amontonaba en su despacho muchas causas contra el negocio del juego en la Capital, que tiene como socio importante al empresario kirchnerista Cristóbal López. El implacable abogado Ricardo Monner Sans la denunció ante la Cámara Federal porque, supuestamente, la jueza siempre se las arreglaba para que esas causas no fueran sorteadas y terminaran en ella. La Cámara elevó el reclamo al Consejo de la Magistratura, la institución que juzga a los jueces, pero su Comisión de Disciplina descartó la denuncia por unanimidad. Los hiperkirchenristas Diana Conti y Carlos Kunkel, y radicales y magistrados coincidieron. Sucedió a fines de febrero.
Dos meses más tarde, un kirchnerista neuquino, el senador Marcelo Fuentes, miembro del Consejo, pero no de la Comisión de Disciplina, redactó un durísimo informe sobre la actuación de la jueza en los asuntos del juego. El informe de Fuentes es más sólido jurídicamente que el primer rechazo de la acusación. Fuentes hizo especial hincapié en que Servini de Cubría había allanado el Banco Central dejándose llevar por un simple anónimo. Este documento sin firmante denunciaba una infracción a normas cambiarias por parte de empresas del juego, que la institución monetaria estaba investigando. La acción de la jueza permitió que la investigación se interrumpiera en el Banco Central y que el presunto delito no cayera en manos del fuero correspondiente, el penal económico.
La opinión de un solo consejero puede hacer revisar un caso en el Consejo de la Magistratura. Servini de Cubría empezó acusando a colegas suyos de cometer el delito del que se la acusaba a ella: concentrar en sus manos todos los casos vinculados al negocio del juego. Dijo que le habían robado el expediente del juicio político para lograr ese objetivo. En el Consejo de la Magistratura no hay antecedentes de que se le haya enviado el expediente. Tampoco fue citada.
En los tribunales trascendió, primero, que la jueza acusaba a su colega Norberto Oyarbide de haber instigado el robo. Pero luego se precisó que se refería a otro colega, Sergio Torres, nombrado por el Gobierno. Resulta que las causas contra el negocio del juego en poder de Torres fueron iniciadas por el mismo Monner Sans. ¿La jueza estaba tratando de descalificar a su acusador? No se sabe. Lo único cierto es que ningún juez investigó a Cristóbal López. Sólo se limitan a pasarse la pelota unos a otros y a victimizarse formulando escandalosas denuncias públicas.
Servini de Cubría empezó atribuyendo sus males a una lucha interna judicial y terminó denunciando una operación para presionarla con el juicio político. ¿Quién podría presionarla, si no el Gobierno, el único que nombra, asciende, salva o condena a los jueces? Pero la jueza tiró la piedra y escondió la mano: el Gobierno no tiene la culpa, dijo. Informó que había llamado por teléfono a Néstor y a Cristina Kirchner para contarles sus tormentos, pero que no le devolvieron esas llamadas. ¿No existen acaso, por encima de ella, una Cámara Federal y una Corte Suprema de Justicia para escuchar sus lamentos? Existen, pero la jueza decidió enviar el mensaje al único lugar donde tienen las claves para descifrarlo.
Las bestias negras de los jueces, los diputados Diana Conti y Carlos Kunkel, fueron incluidos en lugares relevantes en las listas bonaerenses, al lado mismo del propio Kirchner. Los intendentes del conurbano le habían pedido al ex presidente que no se ocupara de ellos, porque espantan electores. Pero Kunkel y Conti no fueron llamados para arrastrar votos. Kirchner sabe que con ellos, y aún cuando se abatiera sobre él la derrota y el descrédito, siempre le quedarán los jueces.
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