Joaquín Morales Solá Una nueva derrota de la política
a política ha fracasado otra vez. Esa derrota se explica fácilmente si se entiende la política como un ejercicio de arbitraje constante entre intereses a veces contrapuestos y como el reaseguro último de un sistema institucional. El Congreso se apresta a aprobar un proyecto de ley de medios audiovisuales elaborado contra un sector determinado del periodismo, que delegará en el mandamás del Gobierno muchas facultades sobre la libertad de expresión. Leyes de esa naturaleza y de esa importancia llevaron varios años de análisis en los países más avanzados del mundo; aquí, la necesidad y el oportunismo del oficialismo aceleraron el trámite con una velocidad de vértigo.
Esa fanática celeridad le restó al proyecto cualquier maquillaje de seriedad. Son tantos los derechos y garantías olvidados en el camino que los jueces deberán actuar donde fracasó la política. Voces importantes de la Justicia han adelantado que la conversión de ese proyecto en ley, tal como está, caminará sin remedio hacia una declaratoria de inconstitucionalidad. Pero la última instancia de la Justicia está al final de un largo recorrido. A la futura ley de medios audiovisuales le aguarda el fárrago lento y arduo de una compleja gestión judicial. Será, al mismo tiempo, una ley fugaz; un próximo gobierno la cambiará o hará una nueva.
No se preocupen. No es contra ustedes . Esta es la respuesta que innumerables afectados por la ley (que no pertenecen al Grupo Clarín, el destinatario final de la ofensiva) recibieron de parte del interventor del Comfer, Gabriel Mariotto. Es decir, quedó claro para sus interlocutores que la eventual ley fue pensada contra un sector en particular. Es notable que una mayoría importante de los diputados haya aceptado esa lógica de desquite y represalia, y que otra mayoría en el Senado se prepare para hacer lo mismo. Funcionarios y legisladores metieron también en el debate el condimento indispensable de la descalificación al periodismo. Se discutió más sobre los medios que sobre el Gobierno que manoseaba los medios.
¿Por qué los Kirchner desafían con suerte la ley de la gravedad? Han perdido hace poco una elección crucial y ahora están en el subsuelo de la aceptación popular. Kirchner se da el lujo de deslizar su candidatura presidencial para 2011 y, lo que es más sorprendente aún, hay dirigentes peronistas que le creen. Con el 80 por ciento de imagen negativa, según la última medición de Poliarquía, el destino que lo acecha es su casa y no el poder. Nadie habla de la candidatura a la reelección de Cristina Kirchner, porque nadie la cree viable, y la mayor crítica que recibe la Presidenta es que le delegó el gobierno a su marido, con menos crédito social que ella. ¿Por qué el marido ganaría, entonces, una elección presidencial en semejantes condiciones de impopularidad?
Sin embargo, la ley de la gravedad ha sido derogada por los Kirchner. Van ganando batallas con los pocos recursos institucionales que les quedan. El interrogante de por qué triunfan cuando deberían perder tiene una respuesta: está en el control de los dineros del Estado. El envío de los recursos de la coparticipación a las provincias se redujo en un tercio en el último año, según un análisis del economista Javier González Fraga. Sólo dos tercios son girados normalmente. El tercio restante se negocia en Olivos. La mayoría de las provincias necesitan de esos recursos para el trámite básico de pagar puntualmente los salarios al personal estatal.
El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, que tomó distancia definitiva del kirchnerismo y fue públicamente crítico del proyecto de ley audiovisual, sufrió en el acto una venganza financiera: le cortaron todos los recursos nacionales para obras públicas de Vialidad Nacional que se realizan en su provincia. Los contratistas locales no cobran y debieron despedir a empleados, que a su vez acosan al gobernador con cortes de rutas. Urtubey no es el gobernador que está en peores condiciones: su provincia puede pagar los sueldos estatales con recursos propios. Muchas otras no pueden hacer eso. Necesitan del oxígeno que provee Olivos.
Definitivamente, el senador Guillermo Jenefes es un peronista cabal; la disciplina prevaleció sobre las ideas. Durante una muy dura reunión con el matrimonio presidencial en Olivos, en la noche del miércoles último, con varios senadores peronistas más, Jenefes aceptó la rendición y habilitó con su firma el tratamiento del proyecto en el recinto del Senado. Antes había dicho que no firmaría si no se le introducían al proyecto cambios sustanciales para proteger los derechos adquiridos.
Firmó sin condiciones. Seguramente su provincia, Jujuy, fue amenazada con la advertencia de que no recibiría recursos nacionales en adelante. Los principios se dirimen en esos términos en la era de los Kirchner. Jenefes había puesto especial énfasis en las garantías para los inversores. Al revés, el proyecto del Gobierno carece de una fórmula económica para los medios de comunicación; es un proyecto casi fisiócrata, porque confía sólo en la naturaleza para crear riqueza. O, lo que es peor, delega esa responsabilidad en un Estado parcial.
Las consecuencias pueden ser devastadoras; la norteamericana Direct TV no sabe si se quedará en el país. Estará obligada a poner en su grilla a todos los canales estatales y paraestatales de las provincias y regiones donde ofrezca sus servicios. Esa empresa no es generadora de contenidos, sino una simple transportadora de entretenimientos, sobre todo, pero su satélite no tiene espacio para todos los desvaríos argentinos.
La ley deberá aprobarse en la semana que se inicia porque la Presidenta viajará el sábado a la India y no quiere estar ausente del país en el momento de la votación. Ya era emblemático de una manera de gobernar que el matrimonio haya ordenado que el proyecto fuera sancionado antes del 10 de diciembre, cuando cambiará la composición del Congreso. Pero más alegórico de ese poder sin medidas es que una ley tan sensible sea aprobada conformando la agenda de viajes de la Presidenta.
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, levantó su primera reunión con la flamante embajadora norteamericana, Vilma Socorro Martínez, pretextando que Cristina lo había convocado desde Olivos. No dijo la verdad, pero semejante argumento dio pie a dramáticas interpretaciones. ¿Era sólo un pretexto para esconder una decisión política o los ministros se mueven como en una corte imperial del siglo XVIII? ¿No podía la Presidenta postergar su reunión con Fernández hasta que éste cumpliera con sus compromisos?
La embajadora Martínez no fue funcionaria ni diplomática de Washington y nunca vivió fuera de los Estados Unidos. Su buena intención para reencauzar la relación entre los dos países es auténtica, aunque tropezó aquí con una historia. Los Kirchner persiguieron a ex embajadores europeos (el francés Francis Lot y el español Carmelo Angulo, por ejemplo) y limitaron seriamente la gestión y los contactos del ex embajador norteamericano Earl Anthony Wayne. Aquellos actuales y falsos pretextos se inscribieron en esos anales del kirchnerismo.
En rigor, Aníbal Fernández le propuso a la embajadora que la reunión se realizara cuando bajara la tensión social por el conflicto en Kraft, inexplicablemente largo. Así se hizo. Esa verdad ocultada hubiera sido más creíble que los supuestos arrebatos intrusivos de Cristina Kirchner. Fernández suele ser el interlocutor de los embajadores norteamericano sobre cuestiones de narcotráfico y terrorismo.
El pretexto del ministro exhibió las condiciones del microclima que viven en el poder. Una orden de los Kirchner puede paralizar el Gobierno. La novedad de las últimas horas fue que esas órdenes también pueden inmovilizar y desarmar a la impotente política.
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