La Presidenta decidió profundizar el kirchnerismo Joaquín Morales Solá

Cuando se cumplían dos meses de la muerte de su marido, la Presidenta decidió hacer cosas que hasta Néstor Kirchner no se animaba a hacer. Firmó las medidas presupuestarias más arbitrarias de la era kirchnerista. Pocos días antes había tirado por la ventana a dos importantes funcionarios de su gobierno relacionados con asuntos judiciales. La presunta culpa de éstos fue que la Justicia empezó a dictar resoluciones contra los intereses políticos de la administración. No hay dos Kirchner, entonces, sino un solo modo de entender el gobierno. La única diferencia comprobable es que Cristina Kirchner carece de la capacidad de creación política que tenía su esposo. Lo que antes era una novedad permanente ahora es una simple repetición, que termina profundizando un modelo bonapartista de conducir una democracia teórica.

En rigor, los dos Kirchner gobernaron siempre la Argentina sin presupuesto. ¿Cómo lo hacían? Subestimaban las cifras del crecimiento y, por lo tanto, de los ingresos fiscales. A los pocos meses, el presupuesto aprobado por el Congreso se convertía en un papel inservible; en ese momento entraba en funcionamiento el pésimo mecanismo institucional de los superpoderes del Ejecutivo, y el presupuesto del Estado se convertía en un intrascendente presupuesto familiar.

Por eso, los superpoderes pasaron de ser una excepción a la categoría de permanentes, mediante una polémica ley, cuando Cristina Kirchner se acercaba a la presidencia de la Nación, todavía bajo el gobierno de su esposo. Un país que estuvo, de hecho, sin presupuesto durante siete años le permitió al oficialismo la construcción de una fabulosa maquinaria política y electoral con los recursos del Estado.

Nada, sin embargo, fue tan grave como lo que hizo la Presidenta en los últimos dos meses, cuando debía aprobarse el primer presupuesto del kirchnerismo sin mayoría automática en el Congreso. Impidió el tratamiento del presupuesto en el Congreso, que algunos partidos opositores estaban dispuestos a aprobar en líneas generales, con algunos cambios. El partido mejor predispuesto para eso fue el radicalismo, cuya conducción nacional tomó la decisión de ayudar al Gobierno en su aprobación. No. A todo o nada , ordenó Cristina, y se quedó sin presupuesto.

Era, en definitiva, lo que ella quería. En días muy recientes, la Presidenta usó sus facultades legales para extender la vigencia del presupuesto de 2010. No se conformó con eso: retocó y creó partidas, aumentó el monto de las reservas para pagar deuda pública, según el criterio discrecional del Ejecutivo, y terminó dibujando el mismo presupuesto que el Congreso no le aprobó. Preparaba el carruaje para el año electoral que acaba de comenzar. Aquella última decisión importante del año de Cristina Kirchner es claramente inconstitucional.

Ya son todas las cuentas del Estado las que se han convertido en cuentas corrientes personales de la jefa del Estado. Las reservas nacionales parecen haber ido a parar al fondo de su cartera. Una cosa es la discusión sobre el uso en cualquier caso de las reservas para pagar deuda pública. Ese es un debate abierto, que tiene sus defensores hasta en fuerzas opositoras. Otra cosa es la certeza irrefutable, según cualquier mirada de la ley, de que el Ejecutivo no debe decidir por sí solo sobre las reservas que acumula la nación.

El Congreso pasó a ser una reliquia de museo. Faltaba hacer un intento, al menos, para disciplinar a la díscola Justicia. Hace pocas semanas, la Presidenta se reunió reservadamente en Olivos con tres miembros de la Corte Suprema. Fueron su presidente, Ricardo Lorenzetti; su vicepresidenta, Elena Higthon de Nolasco, y Eugenio Zaffaroni. Se trataron cuestiones del Poder Judicial , dijeron fuentes de la Corte. Es decir, no se trató ninguno de los casos judiciales que interesan al Poder Ejecutivo. Resultaría extraño que esos jueces, que son independientes, aceptaran dialogar con la máxima expresión de otro poder del Estado sobre la situación de causas judiciales que, en la mayoría de los casos, se tramitan en instancias inferiores a la Corte.

Quizá también la Presidenta quiso rectificarse del desplante que les hizo a los jueces más importantes del país, cuando no los recibió durante los funerales de su esposo. No se lo impidió el dolor ni la falta de tiempo, porque había saludado con abrazos a Maradona y a Tinelli. Sea como sea, Cristina salió optimista de aquella reunión con los máximos jueces. Creyó que la Corte, a la que hace un año la Presidenta acusó de golpista, le resolvería los muchos problemas que tiene en la Justicia. El optimismo duró poco; un clima de final de época parece haberse instalado entre los jueces de primera y de segunda instancia, que todas las semanas dictan algún fallo contra funcionarios kirchneristas.

La Justicia resucitó en días recientes hasta el caso Skanska, una investigación sobre el pago de millonarios sobreprecios para la construcción del gasoducto del Norte, que había quedado en el olvido después de cuatro años de inacción. El juez Norberto Oyarbide procesó a dos ex funcionarios kirchneristas: Néstor Ulloa, que fue interventor del Enargas en el momento de los supuestos hechos de corrupción, y Fulvio Madaro, ex titular de Nación Fideicomiso. Hizo, al mismo tiempo, algo inesperado: citó a declaración indagatoria al actual secretario de Energía, Daniel Cameron, que también podría ser procesado por presuntas prácticas corruptas. Skanska es una empresa sueca que se encargaba de la construcción del gasoducto.

Paralelamente, tres fallos judiciales tumbaron al secretario de Comercio, Guillermo Moreno; dos fallos correspondían a su gestión de barrabrava en la empresa Papel Prensa y uno se refirió a su rol protagónico en la destrucción del Indec. En una de las resoluciones sobre Papel Prensa, tres jueces de una Cámara Comercial acusaron a Moreno de usar dentro de esa empresa las formas del nazismo. Aunque no es el único kirchnerista que practica esos métodos, sí es el primero en ser señalado y condenado por la Justicia. Dicen que Cristina Kirchner explotó de ira cuando leyó esa sentencia. Adiós, entonces, al secretario de Justicia, Héctor Masquelet, un hombre de Aníbal Fernández; la Presidenta acusó a Masquelet de inoperante frente a los jueces.

Pocos días después, echó también al procurador del Tesoro, Joaquín da Rocha, al que culpó de blando en la causa penal contra Papel Prensa. En rigor, Da Rocha sólo le había mejorado el contenido jurídico, dentro de la misma calumnia, de un desastroso borrador que había redactado el increíble secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, supremo inquisidor del periodismo independiente. Da Rocha y Masquelet cayeron también bajo la acusación de no haber sabido defender la nueva ley de medios, que está paralizada en su parte medular por la Justicia. Los artículos vigentes demostraron su inviabilidad económica: 12 canales de aire del interior ya están en venta. Seguramente serán comprados por empresarios cercanos al kirchnerismo, porque esos canales sólo serán viables con la plata fácil del Estado.

La Presidenta podría haber echado por ineptos a Duhalde y a Gabriel Mariotto (autor de la ley de medios) en lugar de Masquelet y Da Rocha , dijeron fuentes oficiales. Pero eso hubiera significado una autocrítica o una severa rectificación del rumbo oficial. Cristina Kirchner tiene un estilo personal diferente del de su esposo y cierta predilección por otras personas de la política. El resto, una concepción muy módica de la democracia y un método autoritario para gobernar, pertenece al mismo paradigma que acunó y crió a los dos Kirchner.